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La cultura de pago

  • Writer: Alejandro Bayona
    Alejandro Bayona
  • Sep 11, 2025
  • 2 min read

En la comunicación #2 del revisor fiscal, se informó a la comunidad sobre la difícil situación financiera que atraviesa el conjunto. Una de las consecuencias más visibles de esta realidad es el cierre indeterminado de la piscina, servicio que debió suspenderse por falta de recursos para garantizar su adecuado funcionamiento y mantenimiento.


Este hecho evidencia de manera directa cómo la morosidad en el pago de las obligaciones afecta no solo la ejecución de proyectos, sino también la operación cotidiana de los servicios comunes, generando un impacto negativo en la calidad de vida de los residentes.


Proyecto Plataforma


El proyecto de la plataforma, aprobado en Asamblea y financiado a través de una cuota extraordinaria, tenía como fecha límite de pago el 31 de julio de 2025. No obstante, a la fecha persiste una deuda pendiente por recaudar de $81.906.442 .


Este saldo impide programar de manera definitiva la ejecución de la obra, lo cual retrasa un proyecto clave para mejorar la infraestructura y aportar valor a la copropiedad.


Cuotas de Administración


Respecto a la cartera de administración, con corte al 31 de julio de 2025, el saldo asciende a $177.877.198 .


Pese a esta cifra, es importante destacar que entre enero y julio de este año se logró una reducción de $23.945.814, gracias a las gestiones de cobro adelantadas por la administración y el área jurídica. Estos avances reflejan una respuesta parcial de algunos propietarios, pero aún se requiere mayor compromiso.


Impacto en el Presupuesto y en los Proyectos


El incumplimiento en los pagos genera un “hueco” financiero que compromete:

  • La sostenibilidad de los servicios comunes (como ya ocurre con la piscina).

  • La correcta ejecución del presupuesto aprobado en Asamblea.

  • El avance de proyectos estratégicos.


Llamado a la Comunidad


La situación actual exige un esfuerzo conjunto y solidario. Cumplir con el pago de las obligaciones no solo es un deber legal, sino también la única forma de garantizar que los servicios y proyectos puedan mantenerse y avanzar según lo planeado.


El cierre de la piscina debe asumirse como una señal de alerta: mientras la morosidad persista, se pondrán en riesgo otros servicios y obras que impactan directamente en el bienestar y en el valor patrimonial de la copropiedad.




 
 
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